jueves, 3 de junio de 2010

regimen militar en chile



Dictadura Militar Chilena 1973 - 1990

El 11 de septiembre de 1973, el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende es derrocado por un golpe de Estado, dirigido por una Junta Militar del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Carabineros de Chile.

El general del Ejército Augusto Pinochet asume el poder. La represión y la persecución militar contra los partidarios del régimen anterior, de los partidos de la izquierda y el movimiento popular comienza de inmediato.

Los primeros enfrentamientos armados entre Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno de la Unidad Popular se producen en diversos puntos del país, en especial en los grandes centros urbanos.

En Santiago, el Palacio Presidencial, en el cual se encuentran en ese momento el Presidente, Ministros y colaboradores fue rodeado y atacado por tropas del Ejército y unidades de tanques. Las Fuerzas Armadas exigen la rendición incondicional del gobierno del Presidente Allende y al no conseguir dichos objetivos La Moneda es bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea (FACH).

Después del bombardeo y de la muerte del Presidente son detenidos los sobrevivientes. Algunos serán ejecutados ahí mismo, otros pasarán a engrosar las listas de "detenidos no reconocidos" los que, con el correr del tiempo, serán conocidos como los "detenidos-desaparecidos".

El mismo día de la instauración del régimen militar se estableció un fuerte dispositivo represivo que significó la negación de los derechos civiles y políticos. Después de la clausura del Congreso Nacional, se decretó el Estado de Sitio, Estado de guerra interno, prohibición del derecho de reunión y organización. Las nuevas autoridades desconocieron la legitimidad de las instituciones democráticas y la sociedad fue conducida con lógica militar. Con la justificación del "enemigo interno" se cometen actos propios de las experiencias fascistas europeas: campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos.

Se aplica y profundiza la persecución con el pretexto de un supuesto plan de la izquierda para tomar el poder total. En efecto, para justificar su acción represiva, la Junta Militar, apelará a un supuesto "Plan Zeta", "un autogolpe marxista" que tenía por objetivo asesinar a militares chilenos. Al respecto, Orlando Letelier, ex-Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa Nacional al momento del golpe militar, asesinado posteriormente en un atentado terrorista en Washington por la DINA, en 1976, expresaba lo siguiente:

"Para justificar o intentar legitimar la masacre y la traición, se inventó primero el plan zeta. Según declaraciones oficiales de la Junta, consistía en el asesinato masivo de oficiales de las Fuerzas Armadas el día que en Santiago se esperaba llevar a cabo la Revista Militar preparatoria de 1973, que antecede a la llamada Parada Militar, que se efectúa en Chile el 19 de septiembre. [...] Nunca, no obstante, las campañas publicitarias que la Junta hacía a través de todos los medios de información que controla, y a pesar de los numerosos interrogatorios a que fui sometido, nunca se atrevieron a preguntarme si yo sabía algo siquiera del plan zeta. [...] Sin embargo, con el argumento del plan zeta y de la propaganda desplegada contra la opinión pública se pretendió, en los primeros meses siguientes al golpe, legitimar y justificar el asalto al poder y la muerte de miles de chilenos.interno, prohibición del derecho de reunión y organización. Las nuevas autoridades desconocieron la legitimidad de las instituciones democráticas y la sociedad fue conducida con lógica militar. Con la justificación del "enemigo interno" se cometen actos propios de las experiencias fascistas europeas: campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos.

c. La militarización del Estado y la política

A nivel nacional cabe mencionar aquí el papel relevante que ha jugado el "Consejo de Seguridad Nacional", organismo en el cual se encuentran los jefes de las Fuerzas Armadas y de orden cuya misión es velar por al seguridad del país y de los ciudadanos ante cualquier amenaza que a juicio de ellos lesione los "intereses de la patria".

La militarización del Estado consiste en el despliegue y el control de las fuerzas armadas sobre el conjunto del aparato del Estado y la fusión total o parcial entre los aparatos represivos y los otros aparatos del sistema de dominación política.

Por ejemplo, el control y la vigilancia de los servicios de seguridad sobre diversas instituciones estatales será practicamente total e irá desde el municipio, los medios de comunicación hasta el Poder Judicial. En muchos casos, ese control se realizará mediante la vigilancia discreta de "colaboradores", el amedrentamiento u otras medidas.

Por otra parte, cualquier oposición al régimen es vista como una agresión a los intereses nacionales, reprimiéndose con "manu militare" la disidencia, cuya expresión ni siquiera está permitida. Esto implica trasladar concepciones y medidas del campo militar a la sociedad civil. Es una visión jerarquizada de la sociedad, autoritaria y sin conflictos.

Otra medida que tiende a militarizar el Estado y la política la constituye el nuevo papel de la justicia militar que, en muchos casos reemplaza a la justicia ordinaria. Numerosos juicios en contra de disidentes políticos serán juzgados por un fiscal militar.

d. Hegemonía de los altos mandos

En el seno de las Fuerzas Armadas se implementaron diversos cambios destinados a asegurar una mayor unificación y concentración del poder en los altos mandos que les permita más cohesión interna, homogeneidad y línea de mando única.

Asimismo, hubo cambios en los procedimientos de ascenso y nombramientos a grados superiores de generalato o equivalentes de las instituciones militares. Tradicionalmente los ascensos son establecidos a través de estudios, concursos o méritos de servicio. En cambio, con los nuevos criterios predominan los mecanismos de cooptación dirigidos por un jefe supremo o juntas militares.

e. Exclusión de la sociedad civil

Definiendo la sociedad civil como el conjunto de instituciones y relaciones que personas, grupos o sectores sociales se dan en el campo social, económico, político, social y cultural, ya sea a nivel público o privado, pero externo al Estado, se constata un proceso de exclusión constante de la discusión y tomas de decisiones que históricamente le había correspondido.

El proceso de exclusión de los sectores populares y medios es todavía más creciente, agudizado por la imposición de los modelos económicos y sociales de dichos regímenes. A la vez éstos buscan desarmar y desmovilizar la actividad política y sindical de los movimientos sociales.

El caso chileno es obvio a partir de la toma del poder por los militares. Se decretan la ilegalización y receso de los partidos políticos, las limitaciones a los derechos gremiales o sindicales, la supresión de la autonomía universitaria.

f. El papel del nuevo Estado en el área económica y social

El nuevo Estado asume un rol secundario en el campo económico, traspasando a manos privadas empresas o industrias estatales, iniciando las llamadas "privatizaciones". Son vendidas a particulares áreas tradicionalmente estatales, tales como la educación, la salud, la previsión y los servicios públicos.

La economía será organizada en torno a la libre empresa, la libre competencia y la inversión privada extranjera. Se incentivará y se protegerá las exportaciones tradicionales y "no tradicionales" hacia los mercados extranjeros. Se reducirán todas las ayudas estatales al sector productivo o al sector de los servicios que sean considerados no competitivos en el mercado. Sin lugar a dudas, dichas medidas económicas y sociales van en perjucio de los sectores populares, causando posteriormente pobreza y marginalidad en las capas más desvalidas de la población.

Al concluir el régimen militar, en Chile, según la estadística del Ministerio de Planificación Nacional, había 5 millones 212 mil pobres, de los cuales un millón 793 mil eran indigentes, es decir, carecían de ingresos suficientes para adquirir la canasta mínima de alimentación de sobrevivencia.

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